La guerra fría de este siglo es tecnológica: cómo nos afecta

Los Estados Unidos y China se disputan el liderazgo;la pelea impacta en el ritmo de los avances de tecnologías como el 5G 

Los Estados Unidos China libran una batalla que condicionará la evolución de la economía mundial. A fines de enero, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos penales contra el gigante tecnológico Huawei por robo de secretos comerciales, obstrucción a la Justicia, fraude bancario y por saltarse las sanciones estadounidenses contra Irán. Son acusaciones que pueden dar paso a la extradición a los EE.UU. de la vicepresidenta de Huawei, Meng Wangzhou, retenida en Canadá desde diciembre. Es el último capítulo de un enfrentamiento cada vez más abierto entre ambos países vinculado a lo tecnológico.

Lo que empezó como una guerra comercial, con la imposición de aranceles sobre un número creciente de productos, evolucionó y llevó a que los EE.UU. pusieran en la mira a compañías chinas como ZTE, Tencent o Huawei.

La nueva guerra fría es tecnológica. «Ahora todo eso pasa ante el ojo público», explica Zvika Krieger, director del centro del Foro Económico Mundial (WEF, en sus siglas en inglés) y experto en tecnología. «Hasta ahora, solo los conocedores del sector o las autoridades implicadas en estas cuestiones estaban al tanto de esa guerra tecnológica, pero ahora el enfrentamiento es abierto», reflexiona.

Días atrás, la guerra tecnológica se convirtió en el elefante en la habitación de la cumbre de Davos. Fue el tema no incluido en el programa oficial del que todos hablaban. «El tema surgió en el 90% de las reuniones a las que fui», cuenta Carlos Pascual, antiguo embajador estadounidense y vicepresidente de la consultora de riesgos IHS Markit. «Si la guerra comercial se resuelve este mes -el ultimátum vence el 1º de marzo- y China promete comprar muchos más productos estadounidenses y abrirse a la inversión extranjera, la guerra tecnológica no va a desaparecer», sentenciaba.

Huawei, inmersa en una campaña global de relaciones públicas inédita en sus algo más de 30 años de historia, defiende su independencia de las autoridades de Pekín. «Somos una empresa que es 100% propiedad de sus empleados y cada año nos sometemos a una auditoría de la mano de KPMG», explicó su presidente, Liang Hua, en la cumbre de Davos, al dialogar con periodistas.

Resulta difícil imaginar que Huawei o cualquier compañía china puedan resistir las presiones de un régimen como el de Pekín, especialmente en aras de la seguridad nacional. La emergencia de las empresas tecnológicas chinas en la economía global amenaza el dominio que hasta ahora tenían las empresas estadounidenses del sector.

Huawei ya supera a Apple como segundo fabricante mundial de smartphones, por detrás de la coreana Samsung, la compañía de Palo Alto ha tenido que rebajar sus previsiones de ingresos por primera vez desde 2001, Por el impacto que la desaceleración china tiene en sus ventas.

Las dimensiones de ese enfrentamiento van más allá de lo puramente sectorial y se adentran de lleno en la geopolítica.

El modelo Silicon Valley, el valle cercano a San Francisco donde la innovación y el desarrollo tecnológico se han apoyado en una abundante financiación privada capaz de asumir riesgos, puede sucumbir ante el modelo Shenzen, la ciudad china que alberga a algunos de esos gigantes tecnológicos crecidos al amparo de la protección estatal, la transferencia forzosa de tecnología de las multinacionales que quieren hacer negocios en el país y cuantiosa mano de obra barata y formada.

Son dos modelos contrapuestos, uno basado en la iniciativa privada y otro impulsado por el sector público, de un régimen autoritario. Para impulsar ese modelo, en 2015 el primer ministro chino, Li Keqiang, puso en marcha el plan Made in China 2025. Tres años más tarde, el presidente Xi Jinping reformuló el programa para convertir a China en una superpotencia tecnológica en la industria aeroespacial, la robótica, la biotecnología y la computación. Un programa que, como reconoce el Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, representa «una amenaza existencial para el liderazgo tecnológico» de ese país.

Washington, de la mano de su presidente Donald Trump, pasó al ataque. «Los americanos no van a ceder la supremacía tecnológica global sin luchar y el caso Huawei demuestra que esa batalla ha comenzado», decía en una reciente entrevista Michael Pillsbury, director del centro de estudios sobre China del Hudson Institute y asesor de la Administración de Trump.

Para la consultora de riesgos Eurasia Group, uno de los principales riesgos de las tensiones es un invierno en la innovación, por un freno en las inversiones y el desarrollo tecnológico a nivel global. El freno podría producirse en el desarrollo de las redes móviles de 5G, una tecnología que, según Paul Triolo, jefe de Geotecnología de Eurasia «va a ser radicalmente distinta a nada que le haya precedido, por la innovación que va a propiciar».

Si se va a la teoría que sostiene que cada revolución industrial ha ido precedida y asociada al desarrollo de una tecnología concreta que cambia a la sociedad, en el caso de la cuarta revolución industrial esa tecnología es el 5G. El desarrollo de coches sin conductor o de ciudades inteligentes, por ejemplo, exige una enorme cantidad de datos, con disponibilidad casi inmediata, que solo las redes 5G hacen posible.

«La implantación del 5G es la clave para el desarrollo de la economía digital e internet de las cosas y determinará la evolución de la industria. Es una tecnología en una generación», sostiene Zvika Krieger. Ahí hay que enmarcar la campaña emprendida por las autoridades estadounidenses para persuadir a sus socios internacionales de vetar a Huawei del desarrollo de las redes de 5G. Los integrantes de la alianza de los Cinco Ojos, un acuerdo de inteligencia firmado por EE.UU., Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, se comprometieron a vetar al gigante chino. Y evalúan sumarse Alemania, Francia y Noruega, por temor a que China pueda llevar a cabo operaciones de espionaje a través de los equipos de Huawei.

La británica Vodafone anunció que aplazaría la instalación de equipamiento de red básica de Huawei en todas sus operaciones europeas, con gran impacto en los países del este. British Telecom declaró que eliminará en dos años todos los equipos de la empresa china usados en la red básica de la operadora móvil. La operadora alemana Deutsche Telekom, sin embargo, advirtió que esas decisiones pueden provocar una demora en el desarrollo del 5G en Europa, previsto para 2020, de al menos dos años. «Según ha ido escalando la confrontación comercial y tecnológica, impulsada por los temores económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos y por los ambiciosos objetivos de desarrollo industrial, tecnológico y económico de China, cada decisión asociada con el desarrollo de las redes 5G se ha politizado», explica Paul Triolo, en su informe La geopolítica del 5G. Cada vez más voces del sector inciden en la necesidad de abordar esta cuestión desde un punto de vista multilateral y supranacional. En el Foro de Davos, la canciller Angela Merkel defendió la necesidad de crear un organismo multilateral, una especie de OTAN tecnológica que aborde tanto las cuestiones de ciberseguridad, como el tratamiento de datos, la ética de la inteligencia artificial y la biogenética. «Hemos quedado [Europa] muy a la zaga en el desarrollo de las plataformas tecnológicas, pero, en cambio, la Unión Europea ha sentado las bases para reglamentar el tratamiento de los datos y ese debe ser el rasero europeo para avanzar en la digitalización», afirmó. Se refería a la puesta en marcha del reglamento general de protección de datos (GDPR, en sus siglas en inglés) que entró en vigor a finales de 2018. Una decisión encaminada a proteger el tratamiento de los datos de los consumidores que fue inicialmente rechazada por los gigantes tecnológicos pero que ahora ven como tabla de salvación para recuperar la confianza de los consumidores.

Por: Alicia González

© El País, SL

Esta nota fue tomada del diario La Nación, edición impresa del 10/2/19.

Entre la retórica «granacuerdista» y la política facciosa, hay un espacio.

En Argentina la política se desenvuelve en un entorno faccioso. La desconfianza mutua entre sectores, y de todos en relación al futuro empeora las cosas, porque son muy pocos quienes están dispuestos a cooperar, ya que sienten que lo harían por nada, y no como un precio a pagar por un futuro mejor.

Este drama cotidiano tiene su contracara en la retórica: la palabrería destinada a los grandes acuerdos nacionales. La evocación del proyecto nacional, que uniría a todos los argentinos detrás de grandes objetivos comunes, está un poco pasada de moda, pero los fuegos artificiales de los grandes acuerdos no lo están.

Es comprensible que la conciencia de nuestra propia facciosidad nos empuje en esa dirección. Es fácil asociar lo faccioso con el conflicto y el antagonismo destructivo. Pero ni el conflicto ni el antagonismo son necesariamente facciosos. El antagonismo, la contraposición, están en la naturaleza de la política tanto como lo están la composición y el acuerdo.

La facciosidad no puede superarse por vías candorosas, creyendo que todos los intereses son conciliables. En la Argentina de hoy hay muchos, demasiados, que ya no tienen más qué perder, porque lo han perdido prácticamente todo. Pero los que tienen mucho, o bastante, para perder, si queremos encarrilar nuestro país hacia la prosperidad y la equidad, son numerosos, y no tiene sentido esperar de ellos mero desprendimiento.

Desmontar las redes de privilegios de larguísima data con que se benefician es una tarea ardua que exige conflicto, no solamente cooperación. Y a veces la cooperación es engañosa, se vende bien, pero es reaccionaria. El senador Pichetto, que suele ser tan lúcido, sostiene que el futuro gobierno tendrá que “convocar a la unidad nacional y a instalar 6 o 7 políticas de Estado… no hay salida si no hay acuerdos nacionales importantes para poner el país en marcha… Es una tragedia, en algunos supermercados venden dulce de membrillo y dulce de leche importados de Chile. El ministro Sica, en lugar de proteger a la industria nacional, importa dulce de membrillo y cerdo. Una mentalidad nefasta” (La Nación, 08-01-19).

Parece que la mentalidad nefasta consiste en abrir una de las economías más protegidas del mundo a la competencia, y los acuerdos nacionales importantes estriban en proteger aún más a la industria. Y en estipular que los pobres paguen más caro el dulce de membrillo. Hay algo que no cierra en este granacuerdismo. Pero claro, se incurre en él mucho más desde la oposición.

Roberto Lavagna, tras reunirse con Miguel Lifschitz, nos explicó que “la conversación giró en torno de que hace falta una propuesta de unión nacional en este año electoral, y que ninguno de los candidatos más importantes representa esa propuesta”. Pregunto: ¿qué más pueden haber dicho sobre que hace falta una propuesta de unión nacional?

Me suena un cascarón dentro del cual hay solamente bochinche, no nueces. Fugar hacia el “granacuerdismo” exhibe las mejores intenciones y sale barato. Algunos intelectuales públicos también abogan por la discusión colectiva de todos nuestros problemas. No es raro que la figura de los Pactos de la Moncloa en España emerja entre las piezas de esta oratoria. Pero, seamos crudos, el generalísimo no había dejado un Estado destruido, que es lo que tenemos aquí.

Además de un Estado (prerrequisito básico para estructurar el espacio indispensable a los grandes acuerdos) existían líderes de fuerzas políticas organizadas, y una monarquía metagarante de la transición. Y dos grandes promesas de futuro: la consolidación de la democracia y Europa. Pero, si no se quiere decir nada comprometido se habla – como Sergio Massa lo hace – de la creación de un Consejo Económico y Social y de grandes políticas de Estado.

¿Y el Gobierno? Abrumado, recurre menos a esos dispositivos retóricos, porque sufre en carne propia las crueldades del día a día, los dilemas de la toma de decisiones, las amarguras de pagar los costos de errores ajenos y propios. ¿De qué políticas de Estado me hablan si en Neuquén un candidato a gobernador se propone desbaratar Vaca Muerta? ¿O si hay sindicalistas que siguen tomando a los ciudadanos como rehenes? ¿O si la Legislatura porteña aprueba la construcción de un megaestadio en Villa Crespo con exención impositiva por cuarenta años? Así está difícil soñar.

Pero nosotros sí podemos soñar. Podemos bregar a favor de la virtud política republicana, que oponga al interés de minorías intensamente privilegiadas, el de los ciudadanos, y que genere fuerza política para dar batallas a través de acuerdos de mediano alcance, limitados, pero efectivos, que puedan ir creando una comunidad de intereses novedosa, y de largos plazos, entre actores diversos. El condicionante básico de esto es la opinión pública. La argumentación política debe dejar atrás los lugares comunes, tramposos y candorosos, del “granacuerdismo”, y dar paso a la politización crítica del privilegio.

Todos podemos soñar con nuestras visiones de la Argentina futura, pero lo que debemos discutir son los privilegios del poder judicial, de los empresarios que gozan de protecciones y promociones injustificables, del sesgo tributario contra la equidad, de aquellos sindicalistas que se enriquecen de modos alucinantes, de los gobiernos provinciales que han moldeado las reglas de juego político para perpetuarse, de los senadores y diputados protegidos por fueros de actos de delincuencia, de la increíble lenidad con que se mantiene la injusticia de la coparticipación federal, de quiénes se benefician con los precios de los medicamentos que paga el estado, y muchos etcéteras. Si no, de poco servirá que soñemos con una Argentina próspera y justa.

Vicente Palermo. Clarín, 21/enero/2019.

Economía argentina. Para variar, miremos un poco el largo plazo.

El texto que sigue fue publicado por el analista argentino Jorge Castro en el diario Clarín del 26 de agosto del año pasado.

El hecho central de la economía mundial para los países emergentes en 2018 es el proceso imparable de apreciación del dólar (+20% en los últimos 6 meses) provocado por el crecimiento excepcional de EE.UU. (+5% anual en el segundo trimestre), consecuencia de un boom de inversiones de magnitud global (US$7 billones entre 2017 y 2018) que arrastra los capitales del mundo entero, y en primer lugar los dólares con que el mundo emergente financia una alta tasa de importaciones, y a través de ella, de expansión económica.

La apreciación del dólar es un proceso estructural desatado por uno de los grandes cambios de la acumulación capitalista en el siglo XXI, centrado en EE.UU., que a través del boom de inversiones desatado por el recorte de impuestos de Donald Trump logró remover el único obstáculo que existía para el pleno despliegue de la nueva revolución industrial. Por eso la moneda de todos los emergentes se devaluó, y como es usual en las crisis, el país más afectado por la apreciación del dólar fue la Argentina.

La razón es que la Argentina es el país más dolarizado del mundo, con activos monetarios y financieros en dólares por US$350.000 millones, mientras que los activos en moneda nacional ascienden a US$90.000 millones. El peso argentino es una moneda transaccional, y el ahorro y la inversión se realizan en dólares estadounidenses.

“Si se suman todos los dólares controlados por los argentinos —US$50.000 millones desde 2015—, US$31.000 millones fueron a depósitos en dólares, que suben todos los días, y otra parte quedó afuera. Hay 25% del PBI en ahorro no invertido para financiar la economía nacional”, dijo Enrique Cristofani (Banco Santander) en el seminario de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), refiriéndose a USS100.000 millones inmediatamente disponibles.

La regla definida por la apreciación del dólar es que en adelante los países emergentes no pueden atraer inversiones significativas, a menos que dispongan de sectores altamente competitivos, capaces de ofrecer tasas de retorno equivalentes o superiores a las de EE.UU.

Vaca Muerta/Cuenca Neuquina es hoy un sector de relevancia mundial. Entre marzo de 2018 y marzo de 2019 recibirá US$18.000 millones, que serían US$20.000 millones en 2020, para trepar a US$24.000 en 2021/2022.

“Techint deja de ser un grupo siderúrgico y se transforma en uno energético”, dijo Paolo Rocca en AEA; y tras el acuerdo con el sindicato petrolero para bajar los costos laborales, Techint invirtió US$1.500 millones en Vaca Muerta, y ahora suma US$1.300 millones para producir el 5% del consumo.

Rick Perry, secretario de Energía de EE.UU, sostiene que Vaca Muerta tiene las dimensiones de Eagle Ford, el principal yacimiento de shale norteamericano, pero con una profundidad mayor; y que la diferencia de costos todavía existente (35%/40%) deriva exclusivamente de la disparidad en infraestructura: la diferencia en costos desaparece con una inversión de US$20.000 millones/US$24.000 millones por año.

“A este ritmo de crecimiento e inversión, Vaca Muerta puede alcanzar en 5 años una producción semejante a la del sector agroalimentario argentino”, afirmó Rocca.

“En agricultura estamos en la cima del mundo, y a la par que EE.UU.”, aseveró David Lacroze en AEA; y habrá una cosecha récord de 130/145 millones de toneladas de granos en el ciclo 2018/2019. La bioeconomía argentina tiene un nivel tecnológico y de productividad que disputa la primacía con EE.UU.

El agro argentino invierte US$ 4.500 millones en la cosecha de trigo de este año; y más de US$10.000 millones en la de granos del ciclo 2018/2019. La Argentina exportará 435.000 toneladas de carnes en 2018, que serían más de 1 millón en 5 años, y la mitad la exporta a China.

El sector de telecomunicaciones es la cabeza tecnológica del capitalismo avanzado, sinónimo de internet móvil inteligente de la quinta generación (5-G); y en él hay un hondo proceso de subinversión. Héctor Magnetto, titular del Grupo Clarín, anunció en AEA inversiones por US$5.000 millones en 2/3 años.

La experiencia china El desarrollo chino — +9,9% anual entre 1978 y 2010— indica que los países emergentes sólo pueden crecer sostenidamente en las condiciones de globalización si respetan dos premisas: que las ventajas competitivas sólo pueden surgir de las comparativas y que la expansión nacional depende esencialmente de la movilización del ahorro interno.

Todo esto requiere una estrategia deliberada de desarrollo nacional con un papel de conducción decisivo del Estado. Todo depende de la política y del vigor y solidez del sistema institucional. Pero la principal institución es el gobierno nacional, la conducción política.

En la reunión de AEA se formularon los trazos fundamentales de una estrategia de desarrollo nacional de la Argentina en las condiciones del sistema capitalista del siglo XXI; y cuando la nueva revolución industrial (informatización completa de la manufactura y los servicios) se despliega plenamente en EE.UU. y China; y esto sucede cuando el proceso de integración mundial del capitalismo —la globalización— se ha completado.

Los trazos de la estrategia de desarrollo nacional de la Argentina del siglo XXI son 3: apostar al crecimiento y la inversión de la bioeconomía y a la explotación de shale gas en Vaca Muerta/Cuenca Neuquina, ambas de dimensión global. Hay que estabilizar la macroeconomía sobre la premisa de que sin ella — eliminación del déficit— no hay cambio tecnológico posible ni baja de la estructura de costos de la producción. Por último, la movilización del ahorro interno y el salto cualitativo en la calificación/educación de la población son las verdaderas y decisivas estrategias argentinas para el desarrollo nacional.

¿Política argentina de Defensa?

Esto ha escrito hace pocos días el analista Rosendo Fraga en el informe del Centro Nueva Mayoría bajo su dirección.

Tiempo Militar

El Gobierno ha desplegado acciones contradictorias en el plano militar que implican reconocimientos protocolares por un lado y serias restricciones económicas por el otro.

Pero en forma casi inmediata, se conocieron varias situaciones, que generaron el efecto contrario. 

La primera, afectó al contingente de 194 hombres de «cascos azules» que integran la Fuerza de Paz en Chipre, desplegada en el marco de las Naciones Unidas. Se trata del contingente número 52 que se envía. Es que,- la participación de Argentina en esta Fuerza se ha mantenido durante los gobiernos de Menem, De la Rua, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y Macri. 

Está integrada en su mayoría por personal del Ejército, en este caso del Regimiento 5 de Caballería de Montaña de Salta, efectivos de Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea y una decena de hombres de las Fuerzas Armadas de Chile. 

La UN entrega un viático de 1.340 dólares mensuales por hombre, al gobierno nacional del cual dependen los efectivos y éste se los entrega. La cuestión es que en el caso argentino, los fondos fueron girados hace más de tres meses y no habían llegado a las tropas desplegadas a fin del año pasado. El problema es que con esos recursos deben vivir en Chipre, país de la Unión Europea con un costo de vida superior a la Argentina. 

La UN entrega los fondos al país y en la llegada a las tropas en el caso argentino, intervienen los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa. Lo concreto es que las tropas argentinas desplegadas en Chipre, tras tres meses de sobrevivir sin este viático, tuvieron que pasar las fiestas en esta situación. Se trata por lo menos de una desatención para la Fuerza de Paz argentina. Seguramente los dólares fueron utilizados para alguna urgencia. Nunca sucedió una situación de este tipo durante los once años y medio de gobiernos kirchneristas. 

Pocos días después, se supo que desde el Ministerio de Medio Ambiente, se reactualizó el proyecto de transformar 540.000 hectáreas de campos que son propiedad de las Fuerzas Armadas, en Parques Nacionales. La estas tierras están en Salta, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz,  San Juan y Mendoza, encontrándose en las dos últimas la mayor extensión. Se trata de campos de instrucción de las unidades con asiento en Uspallata, Campo de los Andes y Tupungato. La idea de dicho Ministerio, es que la transformación en «Reservas Ambientales de la Defensa» y que pasen a depender del Ministerio de Medio Ambiente.  Ello permitiría explotarlos económicamente, al cobrarse la entrada a turistas y visitantes.  

El argumento, es que se están usando poco para instrucción y lo mismo está sucediendo con la cría de mulas para las unidades de montaña. Pero la realidad es que las Fuerzas Armadas y en este caso el Ejército, se encuentran en el nivel más bajo de su historia en cuanto a presupuesto de funcionamiento. Tan es así, que en 2019 no habrá fondos para racionamiento, es decir para comer. El argumento para la transformación es que se usan muy poco para instrucción y cría de ganado mular. Pero los bajos recursos, hacen que apenas se dispare un tiro por cañón o tanque y en algunos casos ninguno. Solo si esta va a ser  la situación, permanente y no una emergencia circunstancial,  adquiere significado el argumento de que se usan poco.     

El propósito anunciado encuentra dificultades. Interviene el acuerdo de las Fuerzas Armadas que tienen la propiedad,- en muchos casos son donaciones de afectación especifica,- la Agencia de Bienes del Estado (ABE) y de acuerdo a los casos, se requieren leyes provinciales o incluso nacionales. 

Si bien el 1 de marzo el Presidente Macri por decreto estableció que 1.500 hectáreas de Campo de Mayo pasan ser un Parque de uso público,-algo que no se ha implementado por trabas jurídicas,- y  que una parte va destinado a «Espacio de la Memoria» de acuerdo a lo reclamado por  las organizaciones de derechos humanos, ello todavía no se ha hecho efectivo. 

La tercera situación, es que estaría en la órbita de la Jefatura de Gabinete, un proyecto de DNU, destinado a cambiar la conducción del Instituto de Obras Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Tiene 400.000 afiliados y administra fondos por 20.000 millones de pesos. Junto con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF),- que maneja los fondos para el pago de lo retiros, son las dos mayores sumas del presupuesto militar. 

Por este decreto, se incorporan a este sistema dos de las Fuerzas de Seguridad Federales (Gendarmería y Prefectura). Pero se cambiaría el directorio, perdiendo en el mismo las Fuerzas Armadas la mayoría que han tenido hasta ahora. Un representante del Ministerio de Defensa tendría la Presidencia, otro del Ministerio de Seguridad la Vicepresidencia y habría cinco vocales, uno por cada Fuerza Armadas y otros cada un de las Fuerzas de Seguridad. 

El argumento que se esgrime en ámbito militar, es que las Fuerzas Armadas tendrán más de dos tercios de los afiliados y pese a ello quedarían con minoría en su conducción. 

Hasta acá, en las tres situaciones se percibe una política de tipo «economista». En la primera, una de emergencia originada en la retención de dólares por el gobierno nacional, en la segunda una perdida de control  efectivo del patrimonio militar y en la tercera, un cambio de administración en la obra social. 

Al comenzar el año, se ha conocido que se prepara un proyecto de ley para organizar el sistema de reservas, con la intención de integrarlas con 10.000 hombres. Puede ser también una iniciativa de sesgo economicista, si con ello se pretende sustituir efectivos permanentes por reservistas para reducir el personal permanente, cuando en realidad hay una notoria falta de personal de tropa voluntaria. Pero puede ser una medida para aumentar la capacidad operativa, si los reservistas se suman al personal existente y se organiza a partir de la tropa voluntaria que dejó las filas en los últimos años, que ya está instruida y tiene experiencia de haber integrado las Fuerzas. 

Por último, al comenzar enero, se supo que el ajuste salarial para el sector militar acordado en diciembre, que implicaba un incremento del 10% en el primer bimestre, sería de 8%. Parece un porcentaje exiguo, pero su proyección, al integrar una política de «blanqueo» de los pagos no remuneratorios y se reajuste para jerarquizar, adquiere significación. 

En conclusión, el Presidente finalizó 2018, con relevantes actitudes «gestuales» hacia las Fuerzas Armadas que han tenido buena repercusión en ellas. Pero simultáneamente se hacen públicas situaciones e iniciativas, de sesgo economicista, que tienen el efecto contrario. 

Sobre esta situación, es posible que la búsqueda del «voto uniformado»,- incluyendo el grupo familiar es aproximadamente 3% y 4% del padrón,-  influya en la política militar de la Administración, en un año que será muy difícil para las Fuerzas Armadas por un ajuste inédito.

¿Para qué este blog?

Como su nombre lo indica, este blog está destinado a comentar e intercambiar sobre temas de la defensa nacional de la Argentina y de otros países de América (en especial de América latina) y del mundo.

Imposible hacer lo señalado sin hablar de relaciones internacionales y de geografía, con lo que ya estamos en la puerta de la geopolítica.

En principio publicaré textos que me parezcan de interés y me referiré a los fundamentos o determinantes de la geopolítica.

Volcaré también algunas opiniones personales y serán recibidos con gusto los comentarios respetuosos de cualquier tipo que sean pertinentes.

¡Bienvenidos!